La primera impresión que produce la situación que vive el país en cuanto a inseguridad es de impotencia; impotencia para frenar la escalada de delitos contra las personas y sus bienes materiales. Ni el gobierno, ni las instituciones de seguridad, ni la Justicia, ni el Congreso Nacional se muestran capaces de superar este flagelo; no aciertan a implementar las medidas que limiten el accionar de quienes eligen actuar al margen de la ley para satisfacer sus necesidades y/o sus ambiciones.

La miseria, la pobreza, las adicciones, los resentimientos y las ambiciones desmedidas, son los principales incentivos para apelar al delito y a la violencia como forma de compensar los desequilibrios, descargar sus odios y conseguir satisfacciones. Casi caemos en la creencia que no existe verdadera convicción sobre la necesidad de curar este mal que nos aqueja.

Difícilmente se encuentre un poblador del país que no sepa que nuestras amplias fronteras son practicamente un verdadero colador para el contrabando y, especialmente, para la introducción de drogas. Quién puede negar el alto nivel de corrupción que existe en nuestras instituciones públicas, de clara connivencia con actividades delictivas. ¿Acaso alguien encuentra algún parecido, en lo ético y moral, de nuestros principales representantes actuales con San Martín, con Belgrano, con Illia, por ejemplo?!